El Congreso local aprobó este miércoles una reforma al Código Penal para que quien mate a un policía o cualquier servidor público dedicado a la investigación de la delincuencia, tendrá una pena de prisión de 30 a 60 años.

“Al responsable de homicidio en contra de servidores públicos por motivo de sus funciones de seguridad pública, de procuración e investigación de delitos en materia penal, o de ejecución de penas de su cónyuge o sus parientes en línea recta o colateral de cuarto grado, tendrá una pena de 30 a 60 años de prisión y multa”.

Originalmente el dictamen aprobado por los 32 diputados asistentes contenía una pena de entre 20 y 40 años, como lo propuso la diputada priista Arcelia González González.

 

Pero la diputada Angélica Casillas Martínez, del PAN, presentó una reserva para que la pena cambiara desde 30 hasta 60 años de prisión, que fue aprobada por todos los 32 diputados asistentes también.

La diputada panista Libia Denisse García argumentó esta última postura: “Esta reserva es con el objetivo de que a los policías que sean atacados con su vida y sus familias sus delincuentes enfrenten la pena máxima que impone nuestro Código Penal que son los 60 años.

Comentarios

comentarios