Hace más de un año, una familia sufrió una pesadilla de la que, hasta el día de hoy, no han logrado salir.

Fue el pasado 3 de septiembre de 2016, cuando la familia Díaz Olvera, fue sorprendida en su departamento ubicado en la avenida Universidad, en la colonia Lomas del Sol, por elementos tácticos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Dicha orden, presuntamente fue realizada por el alcalde de León, Héctor López Santillana; así es como lo señalan tres elementos de los 8 que intervinieron ese día mediante un vídeo.

“El día sábado 3 de septiembre del 2016 intervine en una casa de Pueblito de Campestre, recibí la instrucción de mi encargado de proceder de forma inmediata, ya que supuestamente en dicha casa había personas secuestradas y armas”, señaló Marcial de Jesús Ojeda Godínez.

Ojeda Godínez, relató en dicho audio que él le comentó a su encargado para entrar a esa casa se necesitaba una orden judicial.

“Mi encargado me dijo que no era necesario que no había problema, ya que teníamos que proceder porque era una orden directa de ‘C1’, es decir de Héctor López Santillana”, puntualizó marcial.

Aquel día, los oficiales ingresaron con violencia a la casa y sacaron a la familia que se encontraba ahí, poco después presuntamente robaron cerca de 1 millón de pesos de la propiedad.

Las autoridades acusaron a la familia de tener al menos tres armas de fuego dentro de un Chrysler 300.

El pasado 7 de julio de 2017, un año después, los policías fueron condenados a pasar los fines de semana recluidos en el Cereso por tres años, diez meses y 15 días, además el juez ordenó la destitución de su cargo en la corporación.

Tres de los ocho ex policías municipales de León que fueron sentenciados, acusaron que intervinieron debido a que fue una orden directa que recibió su mando del alcalde de la ciudad de León, Héctor López Santillana.

En videos difundidos tres de los oficiales aseguran temer por su integridad y la de su familia, y al igual que la familia víctima, responsabilizan al edil de cualquier atentado u represalia que pudiera correr en su contra.

Los inculpados son José Manuel Olaez Torres, Miguel ángel Muñoz Hernández, Marcial de Jesús Ojeda Godínez, José Eric Ortiz Esqueda, José David Rodríguez González, Misael Eduardo Sánchez Flores, Samuel Adán Acevedo, Reyna Isabel Rodríguez Esquivel y Alfredo Brayan Jaramillo Bravo.

LES ARRUINARON LA VIDA

Los oficiales aseguran que se cometió una injusticia en contra de ellos, pues aseguran que ellos solo siguieron órdenes. Actualmente los ex policías se encuentran sin empleo y cumpliendo su condena los fines de semana.

“Yo fui condenado por cumplir una orden, perdí todos mis bienes, quedé endeudado, perdí mi trabajo y hasta la fecha no he podido encontrar estabilidad laboral”, relató Marcial de Jesús Ojeda Godínez.

NO HACEN CASO A DERECHOS HUMANOS

El 12 de mayo del año 2017, la Procuraduría de los Derechos Humanos, emitió varias recomendaciones al alcalde Héctor López Santillana en torno al caso a través de un oficio.

Esto daba respuesta a la queja interpuesta por los afectados con el número 238/ 16-A y su acumulado 240/ 16-A.

Las tres recomendaciones eran entorno a dar respuesta a los siguientes puntos; conclusión respecto al derecho a la inviolabilidad del domicilio, respecto al derecho a la libertad personal y a la violación del derecho a la propia imagen.

Sin embargo, el 2 de febrero del 2018, la Procuraduría de los Derechos Humanos volvió a mandarle un oficio al alcalde, para comentarle que no se había recibido los elementos de convicción que acreditarán el cumplimento de las 3 recomendaciones que en su momento fueron aceptadas a través del oficio PML/ 487/2017.

 

 

 

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