El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) defendió su labor y resultados ante la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de MORENA, que busca extinguir el organismo y trasladar sus funciones a la Secretaría de la Honestidad, como parte de un esquema de simplificación administrativa.
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, impulsora de la propuesta, argumentó que la eliminación del IACIP permitirá generar ahorros para atender problemas sociales prioritarios y garantizar los derechos sociales constitucionales. Además, señaló que los organismos autónomos han fragmentado la administración pública, otorgando mayor influencia a actores privados.
Ante esta iniciativa, el IACIP expuso los logros alcanzados desde su creación en 2003, destacando que ha protegido el derecho de acceso a la información de las y los guanajuatenses, tramitando más de 18,000 recursos de revisión ante respuestas insatisfactorias a solicitudes de información. En 2024, el 85% de estos recursos fueron resueltos a favor de la ciudadanía.
También resaltó su trabajo en la capacitación de más de 89,000 servidores públicos en temas de acceso a la información y protección de datos personales, fortaleciendo la transparencia en la entidad. Gracias a ello, Guanajuato ha obtenido el primer lugar en Gobierno Abierto en las últimas tres ediciones del Índice de Estado de Derecho México del World Justice Project.
El instituto enfatizó que su operación no representa una carga financiera excesiva, ya que cuenta con un presupuesto de 65.9 millones de pesos, equivalente al 0.05% del presupuesto estatal, lo que lo coloca como el organismo autónomo con menor asignación de recursos.
Asimismo, recordó que las tareas del IACIP han permitido que Guanajuato se mantenga como referente en transparencia, y reafirmó su disposición para dialogar con los legisladores con el objetivo de preservar la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
La iniciativa presentada por MORENA continuará su análisis en el Congreso local, donde se discutirán sus alcances y posibles implicaciones para el estado.
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