Carlos Zamarripa Aguirre, quien lideró la Fiscalía General de Guanajuato durante casi 16 años, dejó su cargo con una jubilación anticipada que generó polémica. Obligado a retirarse por un compromiso de campaña de la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, Zamarripa recibió un total de **8.1 millones de pesos**, una cifra que ha desatado críticas y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
El paquete de retiro incluyó un finiquito de **4.2 millones de pesos**, compuesto por una prima de antigüedad acumulada durante más de tres décadas de servicio, 654 mil pesos por licencia de prejubilación y 145 mil pesos correspondientes a la prima vacacional proporcional. Además, se le otorgaron **3.9 millones de pesos** bajo el concepto de “gratificación por fidelidad”, una prestación creada por el propio Zamarripa mediante una reforma al reglamento interior de la Fiscalía en abril de 2024, semanas antes de su salida.
Esta reforma, que no requirió aprobación del Congreso del Estado, permitió a Zamarripa y otros funcionarios acceder a beneficios adicionales, como un apoyo complementario de seguridad social y la controvertida gratificación por fidelidad.
Desde su implementación, la Fiscalía ha desembolsado 14.9 millones de pesos en gratificaciones similares, beneficiando a 13 funcionarios con montos que oscilan entre 285 mil y 1.6 millones de pesos.
La bancada de Morena en el Congreso de Guanajuato denunció la opacidad con la que se manejaron estos pagos, obligando a la Fiscalía a revelar los detalles tras una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IACIP). En una conferencia de prensa, el diputado Abraham Ramos Sotomayor calificó el retiro de Zamarripa como un “abuso de poder” y criticó su gestión, señalando el aumento de homicidios dolosos y feminicidios durante su mandato.
Por su parte, el nuevo fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, se comprometió a revisar el reglamento interno de la institución, asegurando que evaluará la moralidad y legalidad de estas prestaciones para garantizar un uso responsable de los recursos públicos.
