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El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó este 4 de diciembre el matrimonio igualitario, en una sesión histórica que marca un cambio profundo en la legislación local. Con 25 votos a favor y 9 en contra, diputadas y diputados modificaron el Código Civil para reconocer que el matrimonio es la unión libre de dos personas, sustituyendo los términos tradicionales de “marido y mujer” por “personas cónyuges”.

La decisión se dio en medio de un ambiente de tensión, con manifestaciones tanto de colectivos de la diversidad sexual como de grupos conservadores. Para la comunidad LGBT+, la aprobación representa el cierre de una deuda histórica en materia de derechos humanos, pues durante años las parejas del mismo sexo tuvieron que recurrir a amparos o decretos ejecutivos para poder casarse en el estado.

La reforma homologa la normativa local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con estándares internacionales de derechos humanos. De esta manera, Guanajuato se convierte en la última entidad del país en reconocer plenamente el matrimonio igualitario, consolidando que en todo México las parejas pueden casarse sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Durante el debate, legisladoras como Sandra Alicia Pedroza Orozco de Movimiento Ciudadano señalaron que el dictamen envía un mensaje claro: amar a quien se quiera debe ser un derecho sin discriminación. En contraste, voces del Partido Acción Nacional expresaron su desacuerdo, argumentando que el Código Civil ya garantizaba trato igualitario y que no era necesario modificar instituciones tradicionales.

Además de la reforma civil, el Congreso aprobó sanciones contra las llamadas terapias de conversión, prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas. Quienes las apliquen a menores de edad podrán enfrentar penas de prisión y multas, lo que refuerza la protección de los derechos de la diversidad sexual en la entidad.

La aprobación del matrimonio igualitario en Guanajuato no solo tiene un impacto jurídico, sino también simbólico. Representa el reconocimiento de la dignidad y la libertad de miles de personas que durante décadas vieron negada la posibilidad de formar una familia bajo la ley. Con esta decisión, el estado se suma finalmente a un México más incluyente, donde la igualdad deja de ser una aspiración y se convierte en una realidad.

 

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