El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para que la Secretaría de Gobierno del Estado remita un informe de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y lo que va de 2022 respecto de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
En ese sentido, solicita que contenga los recursos estatales y federales que ingresaron; el estado analítico del presupuesto de egresos; los programas y proyectos de inversión, desglosando presupuesto trimestral ejercido, así como las metas programadas y alcanzadas; las notas necesarias para explicar las ampliaciones o reducciones presupuestales, los subejercicios y sus causas, las metas programadas y alcanzadas, entre otra información presupuestal y de recursos materiales y humanos que se considere relevante.
En las consideraciones de la propuesta se habla de la situación que enfrenta la entidad en materia de desaparición de personas; y se menciona que de acuerdo con la cifra dada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, al 18 de octubre de este año, 3,331 personas se encuentran en proceso de localización.
Además, se precisa que son las personas familiares de las víctimas y sus organizaciones colectivas de búsqueda quienes han encabezado la lucha por el derecho a ser buscado, muchas veces remando contra corriente de la acción gubernamental que, en vez de garantizarles sus derechos ha llegado a posponerlos y negarlos.
En el texto se refieren a las necesidades expuestas por las buscadoras entre las que destacan la falta de presupuesto en materia de búsqueda y de víctimas. En ese sentido, manifiestan que la programación y ejercicio de dichos presupuestos se encuentran principalmente en el ámbito de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Se agrega que la Comisión Estatal de Búsqueda no ha ejercido los recursos correctamente para atender la grave situación de violación de derechos humanos derivada de la desaparición de miles de personas en la entidad.
Después de detallar las acciones que consideran debieron atenderse y no se hicieron, como la adquisición de vehículos para el transporte de familias, tabletas de uso rudo y el georradar, se subraya que la situación se estaba replicando, ya que al cierre de septiembre aún no compraban ninguna sola cosa de las que tendrían que adquirir.
“Sin duda, este Congreso debe seguir asumiendo su responsabilidad pública e histórica en esta crisis de derechos humanos sin precedentes en nuestra entidad”, se finaliza.
Al poner a consideración la obvia resolución, ésta fue aprobada.
La diputada Susana Bermúdez Cano habló en contra de la propuesta y manifestó que los mecanismos parlamentarios de comunicación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo están regulados por la Constitución Política local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entre ellos el de solicitar información.
Dijo que las comisiones legislativas, por conducto de su presidencia, pueden solicitar información o documentación a los poderes públicos, cuando se trate de un asunto de su ramo o competencia, o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les competan.
Mientras que, los exhortos, preciso, son propuestas que los legisladores ponen a consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de ley ni decretos, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación, sin que dichos acuerdos generen derechos u obligaciones.
“De lo anterior se desprende que el trámite correcto es solicitar la información vía oficio, a través de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por ser este el órgano facultado para conducir las relaciones políticas con los otros dos Poderes del Estado”, argumentó.
Finalmente, apuntó no toda comunicación que exista entre los Poderes se debe de dar por acuerdo del Pleno, ya que existen los mecanismos legales sobre todo para la solicitud de la información.
En rectificación de hechos, el diputado David Martínez Mendizábal argumentó que no estaban impedidos como Congreso a solicitar información, que una cosa no quitaba a la otra; que lo señalado por su antecesora no era motivo suficiente para rechazar la propuesta, ya que no pasaba absolutamente nada porque estaban facultados para hacerlo.
Al someterse a votación el punto de acuerdo no fue aprobado, por lo que se instruyó su archivo definitivo.
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