En sesión de la Comisión de Justicia, se aprobó la elaboración del dictamen en sentido negativo sobre tres iniciativas que proponían reformas al Código Penal estatal para despenalizar el aborto y garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes.
La diputada María Eugenia García Oliveros expresó su interés en discutir el sentido del dictamen para que la ciudadanía tenga acceso a los argumentos de ambas posturas, aunque adelantó su respaldo a la despenalización. Señaló que su grupo parlamentario considera la medida una cuestión de derechos, salud pública y justicia social, así como un tema resuelto jurídicamente, dado que la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.
García Oliveros afirmó que el Código Penal debe adecuarse para evitar la perpetuación del estigma y la persecución hacia mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Además, enfatizó que el tipo penal que criminaliza el aborto en Guanajuato es inconstitucional y debe eliminarse.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano argumentó a favor del dictamen en sentido negativo, señalando que el derecho protegido por la legislación es la vida. Afirmó que la despenalización total del aborto representa un agravio irreparable y contradice el artículo 1° de la Constitución Política de Guanajuato, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción.
Bermúdez Cano también destacó que en la entidad no hay mujeres condenadas por aborto, por lo que consideró que la eliminación de la norma carece de sustento.
En su intervención, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia sostuvo que el debate no solo debe considerar el derecho a la vida, sino también la libertad reproductiva de las mujeres. Subrayó que ninguna mujer toma la decisión de abortar de manera superficial y que el estigma social contribuye a la violencia de género.
Finalmente, la diputada Karol Jared González Márquez abordó aspectos jurídicos relacionados con las propuestas en análisis, incluyendo la incorporación de excusas absolutorias en ciertos casos, lo que implicaría que, aun si se configura el delito, no habría sanción penal.
El debate sobre la reforma al Código Penal continuará en la agenda legislativa, en un contexto de posiciones encontradas sobre los derechos reproductivos y la protección a la vida.
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