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El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma que busca acelerar el uso de herramientas tecnológicas para realizar compras, pagar servicios y efectuar trámites financieros en México. La iniciativa fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación.

La legislación reconoce como medios de pago válidos los códigos QR, tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas, servicios de domiciliación bancaria y tecnologías de comunicación de campo cercano (NFC), utilizadas actualmente en teléfonos celulares y dispositivos inteligentes para realizar pagos sin contacto.

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Además, incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de identificación para contratar servicios financieros de manera electrónica, con el objetivo de simplificar trámites y reducir la necesidad de acudir presencialmente a sucursales o instituciones.

Entre los puntos centrales de la reforma se establece que proveedores de bienes y servicios, así como autoridades de los tres niveles de gobierno, deberán habilitar la infraestructura necesaria para aceptar pagos digitales y fomentar su utilización entre la población.

La ley también faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir los sectores estratégicos y actividades económicas donde los pagos digitales podrían convertirse en la única modalidad permitida. Esta disposición generó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron posibles afectaciones para personas que aún dependen del efectivo o no cuentan con acceso a servicios bancarios.

No obstante, el dictamen contempla excepciones en caso de contingencias tecnológicas. Si una falla en los sistemas, la conectividad o alguna emergencia impide realizar transacciones electrónicas, los ciudadanos podrán recurrir temporalmente al uso de efectivo y cheques para efectuar pagos.

Asimismo, el Banco de México tendrá facultades para desarrollar programas informáticos que faciliten las transferencias electrónicas, promover la homologación de aplicaciones financieras y establecer mecanismos que amplíen el acceso de la población a los servicios financieros digitales.

¿Qué significa para los ciudadanos?

Si la ley entra en vigor, cada vez más pagos podrían realizarse mediante aplicaciones bancarias, códigos QR o tarjetas. Incluso algunos sectores considerados estratégicos podrían aceptar únicamente medios electrónicos. Sin embargo, la reforma prevé que, cuando existan fallas en los sistemas digitales, los usuarios puedan seguir utilizando efectivo o cheques de manera temporal para evitar interrupciones en sus operaciones cotidianas.

El principal reto será garantizar que las personas sin acceso a internet, cuentas bancarias o dispositivos móviles no queden excluidas de una economía cada vez más digitalizada.

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