El Congreso de Guanajuato rechazó la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad, luego de que la diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo González, cambiara su postura y votara en contra, sumándose a la mayoría panista.
La propuesta buscaba reformar el Código Penal del estado para eliminar las sanciones contra quienes interrumpieran su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. También planteaba garantizar el acceso a servicios de salud para la interrupción del embarazo en instituciones públicas, siguiendo los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La votación, que terminó con 19 votos en contra y 17 a favor, se llevó a cabo en medio de una sesión tensa, marcada por gritos y protestas de colectivos feministas. La decisión de Mendo González generó indignación entre activistas, quienes la acusaron de traicionar la causa.
El momento más álgido ocurrió cuando una joven con pañuelo verde, símbolo del movimiento a favor del derecho a decidir, le arrojó billetes a la diputada mientras le gritaba “vendida”. La escena reflejó el enojo de quienes consideran que el Congreso ignoró los derechos reproductivos de las mujeres y desestimó criterios de la Suprema Corte.
En rectificación de hechos, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco precisó que la penalización del aborto no salva vidas, ya que, a pesar de la negativa, los abortos seguirán ocurriendo en la entidad y muchas mujeres viajarán a otros estados para ejercer su derecho a decidir.
Pedroza Orozco también señaló que Guanajuato debe evolucionar y cambiar las cifras que reflejan que más de 4 mil niñas y adolescentes fueron obligadas a ser madres entre 2020 y 2023, de las cuales 1,059 tenían entre 10 y 14 años. Además, destacó que al menos 17 mujeres han sido criminalizadas e investigadas por decidir sobre su cuerpo.
La congresista Martha Edith Moreno Valencia mencionó que el tema debe avanzar y que, aunque su grupo parlamentario está a favor de la vida, también reconoce la ciencia y la progresividad de los derechos de las mujeres para evitar su criminalización.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano se pronunció en contra de la iniciativa, argumentando que el aborto no es una política pública y que no resuelve problemas como la pobreza, la violencia o la falta de redes de apoyo.
En rectificación de hechos, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo enfatizó que su postura se basa en la defensa de una vida libre, digna y consciente, y criticó la desigualdad que persiste en el estado.
Mientras tanto, la diputada Luz Itzel Mendo González justificó su cambio de postura, asegurando que su decisión fue resultado de una reflexión profunda y que cambiar de opinión no significa traicionar a nadie, sino escuchar, madurar y asumir responsabilidad.
Finalmente, el legislador David Martínez Mendizábal reiteró que lo que se busca es que las mujeres tengan el derecho a decidir y que el pensamiento libertario y democrático no puede ser detenido por los obstáculos del poder.

















































