El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, afirmó que es improcedente que las fiscalías estatales investiguen delitos relacionados con delincuencia organizada, al recordar que la Constitución establece una división estricta entre delitos del fuero común y delitos federales.
Explicó que ilícitos como delincuencia organizada y terrorismo internacional forman parte del llamado “derecho penal de excepción”, donde se aplican medidas extraordinarias como el arraigo, la duplicidad de plazos para integrar carpetas de investigación —de 48 a 96 horas— y tiempos ampliados para resolver la situación jurídica —de 72 a 144 horas—. Señaló que estos mecanismos existen debido a la peligrosidad de los grupos criminales y a la especialización necesaria para acreditar este tipo de conductas.
Vera Ayala subrayó que cualquier propuesta para que las fiscalías estatales asuman investigaciones de delincuencia organizada es respetable, pero jurídicamente inviable. Para que eso ocurriera, dijo, sería necesaria una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada por el Senado, un proceso complejo que no puede resolverse desde los congresos locales.
“La competencia federal está perfectamente delimitada en la Constitución y no se puede cambiar sin modificarla de facto”, afirmó. Añadió que, aunque los estados pueden presentar iniciativas, la decisión final recae exclusivamente en el Congreso Federal.
