Tras el desalojo de al menos 10 familias en la comunidad de San Juan de Abajo, en León, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo aseguró que su administración brindará apoyo a las personas afectadas y trabaja en coordinación con el municipio para encontrar soluciones concretas, incluida la posible reubicación del asentamiento.
El conflicto se originó por una disputa legal entre particulares, lo que derivó en una orden judicial que permitió la demolición de varias viviendas. Las familias, en su mayoría de escasos recursos, aseguran haber invertido sus ahorros en los predios, aunque no cuentan con escrituras formales.
“Lo importante es que no están solos. Aunque es un proceso jurídico en el que no tenemos intervención directa, sí nos corresponde buscar una solución para estas familias”, declaró la mandataria estatal.
Durante la protesta por el desalojo, vecinos bloquearon la autopista León–Salamanca, lo que llevó a la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades estatales y municipales.
Tras reunirse con las personas afectadas —quienes el pasado 14 de julio se vieron vulneradas en sus derechos— la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, ofreció acompañamiento legal individualizado para cada familia, con el fin de dar seguimiento puntual a los procesos judiciales emprendidos en la parcela de San Joaquín y garantizar que se respeten sus derechos.
Además, anunció la intervención de dependencias municipales a través del programa Fuerza León, con apoyos en vivienda, salud, educación, alimentación y más, para atender de manera integral las necesidades de la comunidad.
“Me pongo en sus zapatos y entiendo la frustración que pudieron haber sentido. Yo cuando doy mi palabra la cumplo y siempre voy a estar pendiente de ustedes, por eso le hemos entrado (en San Juan de Abajo) con todos los programas del municipio y no vamos a dejarlo de hacer. Aquí estoy para ustedes”, afirmó la alcaldesa.
La gobernadora también informó que se revisarán predios estatales cercanos a León para evaluar la viabilidad de una reubicación. “Vamos a buscar algún mecanismo para poderlos reubicar. El Estado tiene muchos terrenos cerca de León, estaremos revisando con el municipio esta posibilidad”, señaló.
Este caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la planeación urbana y la regularización de asentamientos irregulares. Las autoridades locales también han ofrecido asesoría legal y alternativas de vivienda a las familias afectadas.
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