El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, confirmó que los heridos del ataque ocurrido el pasado sábado en un anexo del municipio de San Felipe se encuentran estables y reciben atención médica por parte de la Secretaría de Salud, además del acompañamiento de la Comisión de Víctimas.
El funcionario explicó que el centro operaba sin permisos de uso de suelo ni autorizaciones de protección civil, competencias que corresponden al municipio. La alcaldesa de San Felipe le informó que el anexo no contaba con las autorizaciones necesarias, lo que evidencia la urgencia de reforzar la supervisión y regularización de estos espacios.
Jiménez Lona señaló que los procesos de regularización avanzan con el apoyo de los municipios y de la Secretaría del Nuevo Comienzo, que dispone de un recurso de alrededor de 140 millones de pesos del programa Tocando Corazones para fortalecer los anexos. Sin embargo, reconoció que muchos de estos centros operan de manera clandestina y se trasladan rápidamente de un inmueble a otro para evadir clausuras, lo que complica su control.
El secretario recordó casos como el de León, donde un grupo de personas ocupaba una antigua base militar abandonada y la presentaba como centro de rehabilitación sin autorización ni condiciones de seguridad, poniendo en riesgo a quienes ahí se encontraban.
Contexto y llamado
Jiménez Lona hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad de los anexos antes de acudir a ellos, al subrayar que se trata de un problema de salud pública que requiere coordinación entre municipios, Estado y Federación. También advirtió que algunos espacios se utilizan como fachada para actividades ilícitas, incluso con mercancía robada, lo que refuerza la necesidad de una supervisión constante.
Finalmente, informó que ya se cuenta con un listado de anexos proporcionado por los municipios y revisado por las secretarías de Seguridad y de Gobierno, aunque reconoció que la movilidad de estos lugares sigue siendo un reto para las autoridades.
El ataque en San Felipe se suma a otros hechos violentos registrados en Guanajuato. En 2025, se reportaron agresiones armadas contra anexos en León y nuevamente en San Felipe, con saldo de personas fallecidas y lesionadas. Ahora, en 2026, el nuevo ataque vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de estos espacios y la necesidad de reforzar su regulación para garantizar seguridad a quienes buscan rehabilitación.