Con los votos a favor del PAN y PRD, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de armonizar la legislación local con la reforma judicial-electoral impulsada a nivel federal. Las modificaciones sientan las bases para implementar en Guanajuato el nuevo modelo de elección popular de personas juzgadoras, así como reglas específicas para campañas, fiscalización, transparencia y organización de los procesos relacionados con el Poder Judicial.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Susana Bermúdez Cano advirtió que se trata de una reforma “compleja y trascendente” para la vida institucional del estado, al señalar que la elección popular de jueces y magistrados implica un cambio de paradigma que genera preocupaciones jurídicas y democráticas. Sin embargo, afirmó que el Congreso actuó con responsabilidad para evitar vacíos legales y garantizar certeza jurídica frente a una reforma federal que, dijo, fue aprobada con deficiencias y sin escuchar suficientes voces técnicas y académicas.
Bermúdez destacó que el dictamen incorpora mecanismos para proteger principios como legalidad, imparcialidad, transparencia y paridad de género. Entre ellos, la prohibición del uso de recursos públicos en campañas judiciales, la restricción de intervención partidista, la fijación de topes de gastos y la obligación de transparentar los perfiles de las personas aspirantes.
La legisladora también subrayó la creación de medios de impugnación específicos y de Comités de Evaluación, órganos técnicos encargados de revisar perfiles, capacidades y requisitos de quienes busquen ocupar cargos judiciales, con el objetivo de fortalecer la objetividad y la idoneidad en los procesos de selección.
Susana Bermúdez aseguró que Acción Nacional seguirá trabajando para construir reglas claras que den viabilidad operativa al nuevo sistema y se mantendrá vigilante ante decisiones federales que puedan afectar la institucionalidad del estado.
En su intervención, el diputado Erandi Bermúdez Méndez cuestionó la postura de Morena respecto al financiamiento público de los partidos políticos. Señaló que mientras proponen reducir recursos a los institutos políticos, el gobierno federal ha recortado apoyos en áreas prioritarias para las familias mexicanas, como programas para niñas y niños con cáncer, el Fonden y la infraestructura educativa.
Por su parte, el diputado Jorge Espadas Galván criticó lo que calificó como contradicciones de Morena en materia electoral y de financiamiento. Afirmó que, aunque hablan de austeridad, se han negado a respaldar propuestas para retirar el registro a partidos que reciban financiamiento del crimen organizado. Además, reiteró su llamado a la presidenta de la República para “romper el pacto criminal” y actuar con firmeza ante señalamientos de presuntos vínculos entre actores políticos y grupos delictivos.
Las reformas aprobadas entrarán en vigor una vez publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
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