El GPPAN y la RPPRD presentaron una propuesta de exhorto para que el Gobierno Federal fortalezca las medidas de protección de datos personales, privacidad y ciberseguridad relacionadas con el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles.
La propuesta señala que, si bien el registro busca evitar que los teléfonos celulares sean utilizados para fraudes, extorsiones y suplantaciones, la medida podría generar nuevos riesgos si no se acompaña de controles estrictos y mecanismos de seguridad robustos.
Al presentar el punto de acuerdo, la diputada María del Pilar Gómez Enríquez advirtió que, en ausencia de garantías suficientes, este tipo de registros puede incentivar el uso fraudulento de identidades. Recordó que ya se ha documentado la existencia de un mercado negro de líneas y chips previamente registrados, así como servicios que ofrecen vincular números utilizando datos de terceros.
“Resulta preocupante que, mientras se exige a millones de personas registrar y validar la titularidad de sus líneas telefónicas, persistan reportes difundidos por diversos medios de comunicación sobre la comercialización de chips previamente registrados y la utilización indebida de datos personales para activar nuevas líneas”, subrayó.
Gómez Enríquez explicó que el objetivo del exhorto es evitar que una medida diseñada para proteger a la ciudadanía termine convirtiéndose, por omisión o debilidad institucional, en una fuente futura de abuso.
El planteamiento exige que las autoridades federales informen con claridad cómo se trata, resguarda y protege la información personal de los usuarios; además de reforzar las acciones preventivas y correctivas para impedir usos indebidos y vulneraciones a los datos.
