Con el argumento de que la transparencia no admite excepciones y que el uso del dinero público debe revisarse sin criterios partidistas, diputadas y diputados del PAN y PRD aprobaron la realización de una auditoría específica, integral y concomitante al municipio de León.
Desde tribuna, el diputado Víctor Zanella Huerta sostuvo que los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y, por tanto, su ejercicio debe estar siempre sujeto a revisión. Aclaró que la aprobación de esta auditoría no implica una condena anticipada, ni pretende sustituir el trabajo de las autoridades fiscalizadoras, sino garantizar que las instituciones cumplan con su responsabilidad constitucional.
Zanella destacó que la Comisión de Hacienda y Fiscalización analizó más de 17 solicitudes relacionadas con municipios, organismos públicos, obra pública y programas estatales, resolviendo cada caso con base en criterios jurídicos y no en presiones políticas o mediáticas. Añadió que la fiscalización fortalece la confianza ciudadana y permite que cualquier observación sea atendida por las vías institucionales.
En su intervención, el diputado Erandi Bermúdez Méndez afirmó que el PAN respalda plenamente la revisión del ejercicio de los recursos públicos, sin importar el origen partidista de los gobiernos. Consideró que esta auditoría debe convertirse en un precedente para que toda autoridad que administre dinero de las y los guanajuatenses esté sujeta al mismo nivel de escrutinio.
También el diputado Jorge Espadas Galván señaló que la fiscalización no debe interpretarse como una agresión política, sino como una facultad constitucional del Congreso para garantizar el correcto uso de los recursos públicos. Subrayó que votar a favor de una auditoría significa respaldar la transparencia, fortalecer a las instituciones y permitir que los órganos técnicos trabajen con autonomía y apego a la ley.
Con esta decisión, legisladoras y legisladores del PAN y PRD reiteraron su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, al privilegiar que toda revisión del gasto público se realice mediante procedimientos institucionales que fortalezcan la confianza ciudadana.
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